El agua es un recurso esencial para sobrevivencia de
todas las formas de vida e indispensable para la realización de diversas
actividades económicas, como la agricultura, la industria, y sobre todo para el
consumo humano. Además, el agua es uno de los elementos naturales incluidos
dentro del medio ambiente, y tal vez es el más importante e indispensable, ya
que este recurso es vital para la subsistencia del ser humano y todo ser vivo
que existe sobre la tierra.
En ese sentido el acceso que tiene todo ser humano al
agua es parte de los llamados derechos humanos de la “tercera generación”, y
que ha sido incluido dentro de la mayoría de convenios internacionales, y
regulado legalmente en casi todos los países del mundo.
Dentro de las declaraciones universales más
importante están los Principios de Dublín, que reúne todos principios aplicables al agua como derecho humano. Además, En
el año 2002, el pacto Sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR
en inglés) declaró al agua como un
derecho fundamental del ser humano. Y el
año 2003 fue declarado como el año internacional del agua dulce por las
Naciones Unidas.
Esta declaración nos indica que: “El derecho humano al agua otorga derechos a todos a contar con agua
suficiente, a precio asequible, físicamente accesible, segura y de calidad
aceptable para usos personales y domésticos”.
Lo más reciente es la Declaración de Roma del 10 de
diciembre de 2003, fue declarada el agua como derecho humano universal, tomando
en cuenta varios principios.
Desde hace más de 15 años, todos los países del área
centroamericana (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y
Panamá), han tenido dentro de su agenda de trabajo a través de sus respectivas
Asambleas Legislativas, las reformas o la creación de leyes Generales de agua para
cada uno de los países, sin embargo el único país, que ha avanzado en su
legislación ha sido Nicaragua, en donde fue aprobada la nueva ley de agua en el
año de 2007, mientras que en los otros países todavía se encuentran en
discusión o como iniciativas de ley, esperando ser aprobadas en los siguientes
años.
Esta falta de regulación o la existencia de
regulación inadecuada es uno de los grandes problemas que afrontan los países
del istmo, ya que este recurso se encuentra desprotegido jurídicamente o las
normas que existen ya no son suficientes ni funcionales con respecto a los
problemas actuales que existen en cada país, lo cual permite la anarquía en el
uso de dicho recurso y como consecuencia una mayor degradación de este.
En todos los países del área existen particulares o
empresas que hacen uso de este recurso, sin tener plantas de tratamiento y, en
la mayoría de los casos, contaminan las aguas, se adueñan de las fuentes y
hasta desvían cauces de ríos. Esto ocurre en muchos casos, sin que se tomen las
acciones legales respectivas, entre otros casos, debido a la falta de normas
que tipifiquen los delitos o al desconocimiento de la existencia de estas
normas por los particulares y por las autoridades encargadas de impartir
justicia.
También es de
carácter urgente crear campañas de sensibilización ciudadana con el fin de
promover y desarrollar acciones
y actividades relacionadas con el buen
uso de los recursos hídricos.
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