POLÍTICA NACIONAL HIDRICA DE NICARAGUA

POLÍTICA NACIONAL HIDRICA DE NICARAGUA

Marco jurídico con relación al medio ambiente

En la Constitución de 1987 y sus Reformas de 1995, Nicaragua establece el derecho de sus ciudadanos a la salud. En el artículo 60 se estableció el derecho a un ambiente saludable por lo que el Estado adquiere la obligación de preservar, conservar, y rescatar el medio ambiente y los recursos naturales. El artículo 98 expresa el deber del Estado por mejorar las condiciones de vida del pueblo, así como de una distribución más justa de las riquezas. Finalmente, en el artículo 102, el estado se compromete a la preservación del ambiente, la conservación, desarrollo y explotación racional de los recursos naturales correspondientes al Estado. (Aguilar, G. & Iza, A., 2009: 73).

De acuerdo a la Ley 290 en su artículo 28 inciso a) y f) y su reglamento, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales es el encargado de formular, proponer, dirigir las políticas nacionales del ambiente, así como en coordinación con los Ministerios sectoriales respectivos, el uso sostenible de los recursos naturales, y la supervisión del cumplimiento de los convenios y compromisos internacionales que suscriba Nicaragua en el tema ambiental (MARENA, 1999).

Nicaragua también cuenta con la Comisión de Cambios Climáticos, la cual se considera una instancia nacional de consulta entre el Ministerio del Ambiente y de los Recursos y las distintas instancias y sectores de la sociedad Nicaragüense.

SITUACIÓN DEL SECTOR

De acuerdo con el estudio de la Serie de Publicaciones Ocasionales sobre Medio Ambiente y Recursos Hídricos (2010), existen varios tipos de riesgo medioambiental en Nicaragua, centrando el análisis en:

a) las deficiencias relacionadas con el agua y el saneamiento

b) La contaminación del aire en espacios interiores (hogares)

c) La contaminación del aire en áreas urbanas (exteriores)

Los riesgos de salud ambiental anteriores imponen una carga significativa a la economía de Nicaragua, lo que se traduce en alrededor de 2.600 millones de córdobas o lo que es igual a 2.4% del PIB, y como es de esperarse esto afecta principalmente a los segmentos poblacionales más pobres.

El acceso limitado a los sistemas de agua y saneamiento, la alta dependencia de leña en el área rural para cocinar y el crecimiento del parque vehicular en las urbes crean riesgos ambientales contra la salud.

a) Acceso y calidad de los servicios

Con base en los datos del Programa Conjunto de Vigilancia (JMP) del abastecimiento de agua y el saneamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el fondo de las naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en el cual se muestra la posición de 22 países de América Latina con respecto a la cobertura de servicios de agua de Fuente mejorada y saneamiento para el año 2011.  Dentro de este listado, la posición en orden de los países Centroamericanos es la siguiente: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Nicaragua cuenta con el 85% de la cobertura nacional de acceso a agua potable, con un mayor énfasis en la zona urbana, con respecto al saneamiento mejorado el porcentaje es de 52% a nivel nacional, siempre con un mayor nivel de cobertura en la zona urbana.

4. CARACTERÍSTICA DE LA POLÍTICA AMBIENTAL NACIONAL

De acuerdo con la Política y el Plan Ambiental de Nicaragua 2000-2005 (PANic) se establece para orientar de manera coherente las acciones de formulación e implementación en los distintos niveles de aplicación dentro del país.

a) Actores involucrados

Los temas y acciones priorizadas son resultado de la participación de los diferentes actores municipales, regionales y nacionales consensuados en el Encuentro Nacional PANic, realizado en 2010. Por lo tanto la elaboración de la Política Ambiental de Nicaragua ha sido trabajo realizado conjuntamente entre: El Ministerio de Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENCO), Ministerio de Fomento, Industria y Fomento (MIFIC), Ministerio Agropecuario Forestal (MAGFOR)

La gestión ambiental se dirige a la promoción de un crecimiento económico en balance con la protección al medio ambiente, dando prioridad a la gestión de prevención, y al mantenimiento de una legislación ambiental eficiente y eficaz.

4.1 POLÍTICA NACIONAL HÍDRICA

Según el principio de Recurso Estratégico de la gestión integrada de los Recursos Hídricos, el agua es un recurso estratégico para el desarrollo económico y social del país.

El Estado debe asegurar la participación de todos los grupos e interesados, en la formulación e implementación de la política nacional hídrica y de los planes y programas correspondientes, a través de procesos que ubiquen las decisiones tan cerca como sea posible de los directamente afectados por las mismas. Debe existir coordinación armónica entre las entidades estatales, con el fin de reforzar y mejorar las acciones o funciones propias, evitando el traslape y conflicto de competencias.

Con respecto a los principios y normas comunes de propiedad, protección y aprovechamiento de las aguas se pueden encontrar en la Constitución, la Ley General del Medio Ambiente y  en la Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo  y su Reglamento, así como de algunas leyes, reglamentos, y decretos de sectores usuarios.

En la Ley General del Ambiente y los Recursos Naturales de 1996, se establecieron las bases para la administración de los recursos hídricos, pero se remitió a la ley General de Aguas Nacionales (Ley 620 del 2007)  todo lo relativo a su implementación y la definición de la autoridad competente (Aguilar, G. & Iza, A., 2009).

El objetivo general de la nueva ley es establecer el marco jurídico institucional para la administración, conservación, desarrollo, uso, aprovechamiento sostenible, equitativo y de preservación en cantidad y calidad de todos los recursos híbridos existentes en Nicaragua, sean estos superficiales, subterráneos, residuales y de cualquier otra naturaleza, garantizando a su vez la protección de los demás recursos naturales, los ecosistemas y el ambiente.

Es obligación y prioridad indeclinable del Estado el promover, facilitar, y regular adecuadamente el suministro de agua potable en cantidad y calidad, a costos diferenciados y favoreciendo a los sectores con menos recursos económicos.

Referencias:

Aguilar, G. & Iza, A. (Eds.) (2009). Derecho Ambiental en Centroamérica. Tomo I. UICN. Serie de Política y Derecho Ambiental. Número 66, Tomo I.  Gland, Suiza. (415 págs.). Recuperado de https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/EPLP-066-1.pdf

Gobierno de la República de Nicaragua. Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) (1999).Resolución Ministerial No. 014.99. Recuperado de http://www.ifrc.org/docs/IDRL/Nicaragua/Comision-cambio-climatico.pdf